DECLARACION FINAL


 
XIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud
Del: 10/06/2011

Las Ministras y Ministros de Salud, reunidos en la XIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud, realizada el 10 de Junio de 2011, en el Salón de Convenciones de la CONMEBOL, Luque, Paraguay; en el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyo eje temático es “Transformación del Estado y el Desarrollo”, presentan la siguiente declaración proponiendo acciones que contribuyan a construir un Estado generador de un desarrollo con rostro humano, capaz de propiciar una sociedad más equitativa, integrada y cohesionada, que garantice el derecho a la salud de manera universal; fortaleciendo activamente el intercambio y cooperación entre los países iberoamericanos.

Considerando que:
1. Los países de Iberoamérica comparten valores y enfrentan desafíos similares. Los valores compartidos se vinculan con una historia de integración de lo diverso, de apertura a la migración y de construcción de nuestros países a partir de esa voluntad de inclusión social.
2. Reconocemos que los esfuerzos de las sociedades y de las políticas públicas de los países de Iberoamérica deben encaminarse hacia el desarrollo humano y social. Esto plantea el desafío de mejorar la calidad de vida de los pueblos, de superar los niveles existentes de pobreza y exclusión, asegurando la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las capacidades de las personas y sus comunidades.
3. Las reformas de salud de América Latina, vinculadas y subordinadas a los procesos de reforma del Estado enmarcado en los lineamientos neoliberales promovidos principalmente por el Consenso de Washington, llevaron a los países de la región a una reducción del papel de los gobiernos con severas repercusiones en los Sistemas de Salud. Estas reformas han dado muestras de agotamiento dando lugar a nuevas reflexiones desde una perspectiva amplia vinculada al desarrollo y a un Estado transformado que garantice el derecho a la salud, promueva la realización de las personas y los pueblos, sus libertades efectivas y su capacidad de empoderarse para ser partícipes de su propio desarrollo.
4. Si bien algunos países han logrado significativos avances, aún persisten grandes desafíos en relación al ejercicio del derecho a la salud y el acceso a la asistencia sanitaria, que no es universal y en muchos casos es prácticamente inexistente para los grupos sociales que más la necesitan. En muchos países la oferta de servicios de salud es fragmentada, y no siempre refleja las expectativas, valores sociales y preferencias culturales de sus poblaciones.
5. La salud se encuentra determinada por diversos y dinámicos procesos sociales, económicos, culturales y ambientales, la responsabilidad por su cuidado es de todos, y si bien el derecho a la salud excede ampliamente a la atención médica reparativa orientada a la enfermedad, el rol de los sistemas de servicios de salud es clave. Esto implica la necesidad de políticas de Estado y compromiso desde todos los sectores: organismos públicos, empresas privadas, organizaciones de la comunidad, organizaciones internacionales y de cada uno de los ciudadanos.
6. El reconocimiento del derecho a la salud implica el logro de una cobertura universal, equitativa e integral, y exige la adopción de políticas tendentes a estructurar sistemas de salud, con base en la Atención Primaria de Salud que permitan acercar los servicios a la población y establezcan una interrelación entre los demás niveles de atención que los conforman, articulados en las redes integradas de salud, y que puedan hacer sostenibles estas acciones.
Se requiere además un sistema de financiamiento sostenible, que permita a las personas acceder a los servicios de salud cuando lo necesiten, sin que su capacidad de pago lo impidan.
7. A más de 30 años de Alma Ata gran parte de la ciudadanía de América Latina se encuentra aun distante de poder ejercer su derecho a la salud y de disponer de sistemas de salud equitativos, solidarios y universales. Las políticas de salud encaminadas a apoyar esta meta y que les permitan a los Ministerios de Salud asumir este reto han sido insuficientemente implementadas.
8. Es imprescindible sortear estas dificultades y repensar una estrategia de la cual surjan acciones que nos acerquen no solo al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, sino a la plena implementación de los valores y principios que sustenta la Atención Primaria de Salud para que el derecho a la salud pueda ser ejercido por toda la población y la equidad atraviese como principio básico de las políticas públicas para el desarrollo.
9. Reconocemos que los esfuerzos de las sociedades y las políticas públicas deben orientarse hacia el desarrollo humano y social. Esto implica que dichos esfuerzos requieren el fuerte compromiso de los Países Iberoamericanos para el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos. La salud es una de las premisas para lograr el desarrollo económico, social y cultural de una sociedad; y es, asimismo, uno de los indicadores del grado de bienestar social alcanzado. Además, el desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas de Salud contribuye de forma significativa al desarrollo económico de las sociedades.
10. El abordaje de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha puesto en evidencia que cuando se formulan objetivos claros, delimitados y sencillos de comunicar resulta más fácil construir alianzas y desarrollar marcos de cooperación adecuados para producir resultados concretos en términos de salud. Sin embargo, se requiere a nivel de país de la voluntad política necesaria para impulsar acciones en beneficio de la población mediante planes nacionales de salud que permitan alcanzar las metas y objetivos propuestos.
Acordamos:
1. Reafirmar que el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la salud, a través de un sistema de salud que asegure la universalidad en la atención, la equidad en el acceso y la calidad de las prestaciones, en el marco de un esfuerzo más amplio orientado a establecer un sistema de protección social, dentro del cual se establezcan las condiciones necesarias para que la sociedad en su conjunto, las personas o grupo de personas, puedan ejercer sus derechos sociales de manera efectiva, sin restricción de ningún tipo.
2. Emprender acciones conjuntas en beneficio de todos los países miembros que permitan y garanticen el acceso a los Servicios de Salud equitativos, a los medicamentos, a la utilización de equipos y tecnologías apropiadas, asegurando la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las capacidades de las personas y sus comunidades, rechazando la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional o acciones de cualquier naturaleza o procedencia que impidan el adecuado desarrollo humano y social de los pueblos de la Región.
3. Instar a los Estados a asegurar el financiamiento sostenible de los sistemas de salud, para permitir que las personas accedan a los servicios de salud cuando los necesiten, sin que su capacidad de pago lo impida.
4. Incorporar el enfoque de los determinantes sociales en las políticas de salud, promoviendo un desarrollo sostenible basado en la justicia social; por lo cual debe ser un compromiso de todos los sectores de la gestión pública y de todas las instancias de la vida económica y social de los países educar a la población en este enfoque, en busca de una efectiva participación comunitaria en la toma de decisiones en todos los niveles.
5. Fortalecer el rol de la autoridad sanitaria para asumir un papel de liderazgo en el abordaje intersectorial de la salud, articulando y coordinando con todos los sectores, públicos y privados, sociales y económicos, para actuar conjuntamente en la transformación de los determinantes sociales y reducir las desigualdades en salud.
6. Involucrar, comprometer e instar a las autoridades de los otros sectores para que atiendan necesidades sanitarias como por ejemplo, dotación de agua potable, trabajo decente, ambiente saludable, vivienda digna y educación con un enfoque de género e interculturalidad en todas estas gestiones.
7. Fortalecer el rol rector del Estado mediante la profesionalización de la administración pública, la calificación de los RRHH de salud disponibles y la incorporación de profesionales al sistema de salud por medio de un mecanismo basado en capacidad y méritos que garantice la igualdad de oportunidades.
8. Fortalecer la formación de los Recursos Humanos con una adecuada planificación que permita el mejor funcionamiento de los servicios para hacer frente a las necesidades de salud de la población.
9. Intercambiar entre los países Iberoamericanos las experiencias en formación y gestión de recursos humanos para la salud, así como las estrategias exitosas encaminadas a la promulgación de incentivos y estímulos laborales enfocados a reducir las migraciones de este personal, como uno de los elementos cruciales para la sostenibilidad de los sistemas de salud.
10. Dinamizar las redes de salud existentes e impulsar programas de cooperación entre países y el intercambio de buenas prácticas, con el objetivo de fortalecer y mejorar la calidad de la atención sanitaria.
11. Fortalecer los sistemas de información sanitaria, incorporando los avances de las nuevas tecnologías y facilitando la interoperabilidad entre ellos, como instrumentos para mejorar el conocimiento de la situación de salud y facilitar la toma de decisiones eficaces y eficientes.
12. Reafirmar que el fortalecimiento de los sistemas integrados de salud es esencial para el desarrollo de nuestros Estados y que el desarrollo económico y social se ve beneficiado por las medidas que fortalecen la creación de capacidad en salud pública; siendo que para lograr la equidad en salud es imprescindible asegurar la cobertura universal e integral de acciones y prestaciones esenciales y necesarias con enfoque de género y teniendo en cuenta las diferentes culturas, etnias, orientación sexual y capacidades personales.
13. Elevar a la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno los siguientes acuerdos:
1. Nuestros Estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la salud, asegurando la universalidad en la atención, la equidad en el acceso, la calidad de las prestaciones y el financiamiento suficiente y sostenible de los sistemas de salud de nuestros países, en el marco de un sistema de protección social.
2. Nuestros Estados deben incorporar el enfoque de los determinantes sociales en las políticas públicas de salud, fortaleciendo el rol de la autoridad sanitaria para que asuma un papel de liderazgo en el abordaje intersectorial y en la promoción de la participación social en la salud, incorporando la perspectiva de género y de interculturalidad.
3. Expresamos nuestro interés en desarrollar instrumentos, identificar e intercambiar experiencias y buenas prácticas en áreas tales como la construcción de sistemas universales de salud, el desarrollo y gestión de RRHH, los sistemas de información y la aplicación de nuevas tecnologías.
Las Ministras y Ministros participantes en esta XIII Conferencia Iberoamericana agradecen al gobierno y al pueblo de la República del Paraguay por las atenciones recibidas y su generosa hospitalidad.


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