La AMM reconoce que ninguna persona, sin consideración de su sexo, etnia, nivel socio-económico, condición médica o discapacidad, debe ser sometida a una esterilización forzada permanente.

Una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluida la esterilización, deben estar accesibles y ser económicamente abordables para cada persona.

El Estado puede cumplir una función para asegurar que estos servicios estén disponibles, junto a organizaciones privadas, caritativas y de terceros. La decisión de someterse a la contracepción, incluida la esterilización debe ser tomada únicamente por el interesado.

Al igual que otros tratamientos médicos, la esterilización sólo debe ser realizada en un paciente competente después de una elección informada y de haber obtenido de la persona su consentimiento libre y válido.

Cuando un paciente no es competente, la decisión válida sobre el tratamiento debe tomarse en conformidad con los requerimientos legales pertinentes y las normas éticas de la AMM, antes de llevar a cabo el procedimiento.

La esterilización de los que no pueden dar su consentimiento sería extremadamente raro y hecha sólo con el consentimiento del reemplazante que toma la decisión.

Dicho consentimiento se debe obtener cuando el paciente no enfrente una urgencia médica u otro elemento principal de estrés.

La AMM condena las prácticas en las que un Estado o cualquier otro actor intente pasar por alto los requisitos éticos necesarios para obtener un consentimiento libre y válido.

El consentimiento a la esterilización debe estar libre de incentivos materiales o sociales que puedan alterar la libertad de elección y no debe ser condición para otra atención médica (incluido el aborto seguro), beneficios sociales, seguros, institucionales u otros.

La AMM llama a las asociaciones médicas nacionales a manifestarse en contra de la esterilización forzada en sus propios países y a nivel mundial.