Legislación en Salud Argentina

Artículo 1.- DECLARASE de Interés Provincial la prevención y control de los trastornos alimentarios, que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su propagación.

Art. 2.- INSTITÚYESE por la presente ley un sistema que asegure el acceso a los habitantes de la provincia de Santa Cruz no comprendidos en los alcances de la Ley Nacional 26.396, a la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios, según las especificaciones que a tal efecto dicte el Ministerio de Salud de la Nación, de conformidad con lo normado en el Artículo 2 de la mencionada ley.

Art. 3.- ENTIÉNDASE por trastornos alimentarios, a los efectos de esta ley, a la obesidad, bulimia, anorexia nerviosa, y a las demás enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.

Art. 4.- La Caja de Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz, tendrá a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios. Dicha cobertura incluirá los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades. Asimismo, queda obligada al reconocimiento de los siguientes servicios:

a) Atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban intervenir imprescindiblemente por las características específicas de la patología, conforme así lo determinen las acciones de evaluación;

b) Aquellos estudios de diagnóstico y control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinda, conforme así lo determinen las acciones de evaluación;

c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento para los miembros del grupo familiar de pacientes que presenten trastornos alimentarios.

Art. 5.- Las personas que carecieren de obra social, tendrán derecho a la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios y demás derechos derivados de la presente, a través de los organismos dependientes del Estado Provincial.

Art. 6.- Las prestaciones mencionadas en la presente serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), y estarán contempladas hasta su máxima exigibilidad conforme al nomenclador nacional de prácticas médicas y al nomenclador farmacológico. Los servicios de salud del sistema público y la Caja de Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz las incorporarán a sus coberturas, en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.

Art. 7.- El Ministerio de Asuntos Sociales será autoridad de aplicación de la presente ley, en ejercicio de las competencias conferidas por las normas provinciales en materia de salud pública y control de los establecimientos destinados a tales fines, actuando de oficio para lograr el pleno cumplimiento de las medidas aquí establecidas.

a) La incorporación de la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) en el sistema educativo en todos sus niveles, como así también de medidas que fomenten la actividad física y eviten el sedentarismo, y la promoción de un ambiente escolar saludable;

b) La capacitación de educadores, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para: 1) Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos sobre la problemática alimentaria; 2) Detectar adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad y promover acciones y estrategias para abordarlas a través de una adecuada orientación y derivación.

c) La realización de talleres y reuniones para dar a conocer a los padres cuestiones relativas a la prevención de los trastornos alimentarios, y los peligros de los estilos de vida no saludables.

Art. 9.- El Ministerio de Asuntos Sociales auspiciará actos, seminarios, talleres, conferencias, certámenes y/o programas de difusión, que contribuyan al conocimiento de los problemas que traen aparejado los diferentes trastornos alimentarios, y las formas de prevención.

Art. 10.- El Ministerio de Asuntos Sociales, desarrollará estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios provinciales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de las deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria local.

Art. 11.- Todas las instituciones de atención médica, públicas y privadas, deberán llevar un (1) registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de las enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto la autoridad de aplicación confeccionará los formularios de recolección y registro.

Art. 12.- Los quioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos que integren una alimentación saludable y variada, debiendo estar los mismos debidamente exhibidos.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo Provincial, dispondrá las medidas necesarias a fin de que los establecimientos educacionales y sanitarios, cuenten con las comodidades y el equipamiento adecuado para el uso y asistencia de las personas que padecen obesidad. Asimismo gestionará ante los gobiernos municipales la adopción de normas de similar naturaleza.

Art. 14.- Hasta tanto el Ministerio de Salud de la Nación no dicte la reglamentación específica, los entes obligados a las prestaciones contempladas en la presente ley procesarán a autorizar la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios en su máxima exigibilidad. Cuando los entes obligados lo consideren pertinente, podrán recurrir para la evaluación y posterior autorización ante una Junta Médica ad-hoc designada por la autoridad de aplicación, la que estará integrada como mínimo por tres (3) profesionales en la especialidad de psiquiatría, nutrición y clínica.

Art. 15.- El dictamen de la Junta Médica será inapelable en sede administrativa y deberá ser notificado fehacientemente a todas las partes dentro del plazo fijado en el artículo siguiente.

Art. 16.- A partir de la fecha de solicitud de la prestación, los entes obligados tendrán diez (10) días hábiles para resolver y notificar fehacientemente al solicitante. Este plazo es improrrogable. Dentro del mismo plazo podrán recurrir ante la Junta Médica mencionada en el Artículo 14, la que evaluará y dictaminará fundadamente en un plazo improrrogable de cinco (5) días.